Vidal Gamonales

El chivo expiatorio ideológico: por qué la política española prefiere culpar al «extremo» contrario antes que reconocer sus propios errores

Cada vez que algo sale mal en España un descarrilamiento, un apagón, un escándalo de corrupción, una crisis migratoria, un fallo en la gestión de una emergencia se repite un mismo guion. El político de turno, en vez de asumir responsabilidad política o técnica, señala hacia el extremo ideológico opuesto: quien gobierna desde la izquierda culpa a «la ultraderecha» y sus bulos; quien gobierna o hace oposición desde la derecha culpa al «sanchismo», al «comunismo» o a la «ultraizquierda». El resultado es un debate público que gira menos en torno a hechos verificables y más en torno a quién logra colocar antes la etiqueta al rival.

Un patrón que se repite en ambos lados

Los ejemplos recientes no faltan, y no son patrimonio de un solo color político.

En mayo de 2025, tras el caos ferroviario que paralizó la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla y afectó a miles de viajeros, el ministro de Transportes llegó a apuntar a un sabotaje de motivación política. La investigación posterior determinó que el origen había sido un robo de cobre cometido por delincuentes comunes, sin ninguna conexión política. Un caso similar se dio cuando una candidata del PSOE al ayuntamiento de Madrid mostró ante los medios un cuchillo que le habían enviado y responsabilizó directamente a «la ultraderecha», o cuando el entonces ministro del Interior alimentó en varias entrevistas el relato de una agresión homófoba en Malasaña que la propia Policía ya ponía en duda internamente; el episodio terminó desmontándose poco después.

En el verano de 2026, ante una crisis migratoria en Ceuta, el Gobierno recurrió de nuevo al argumentario de los bulos y el «movimiento reaccionario internacional». Esta vez, sin embargo, la explicación no convenció ni siquiera a sus propios socios parlamentarios, que le pidieron explicaciones concretas sobre lo ocurrido en lugar de aceptar la atribución genérica a fuerzas ultraderechistas.

El mismo mecanismo, en espejo, opera desde el otro extremo. Analistas han documentado cómo el entorno de Vox construye de forma sistemática relatos que presentan cualquier medida del Gobierno en política migratoria, exterior o de igualdad como una «traición» orquestada, conectándola con tramas de globalismo, independentismo o incluso terrorismo ya desaparecido. Tras el estallido de un conflicto militar en Oriente Medio a comienzos de 2026, en menos de 72 horas circuló en el ecosistema digital afín a esa formación una oleada coordinada de desinformación sobre la postura del Gobierno español. También se ha señalado el uso oportunista de tragedias: tras el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) en enero de 2026, con decenas de fallecidos, el líder de Vox utilizó las primeras horas de la tragedia, con la investigación aún abierta, para atribuir el suceso a la «incapacidad» y la «corrupción» del Gobierno, sin esperar a que se establecieran las causas técnicas del siniestro.

También el Partido Popular ha sido señalado por alimentar, en catástrofes como la DANA o los incendios forestales, discursos de descrédito institucional generalizado que, según varios analistas, terminan beneficiando electoralmente sobre todo a las opciones más a su derecha, aunque el objetivo inmediato sea desgastar al Gobierno central.

Más recientemente, sectores de Vox con cierta connivencia del PP en algunos casos han impulsado teorías sobre un supuesto fraude electoral vinculado al DNI digital y a la ley que facilita la nacionalidad a descendientes de españoles, sin que existan pruebas de irregularidades en el sistema de escrutinio.

Por qué resulta tan rentable políticamente

Este patrón no es casualidad ni un simple defecto de carácter de algunos dirigentes: responde a incentivos muy concretos del sistema político y mediático español.

Evita el coste de admitir un error.

Reconocer una gestión deficiente un tren mal mantenido, una alerta que no llegó a tiempo, un fallo de coordinación tiene un coste político inmediato y medible en encuestas. Culpar a un «enemigo ideológico» difuso, en cambio, no exige rendir cuentas ante nadie verificable.

Refuerza la identidad de los votantes propios.

La polarización funciona como un mecanismo de movilización: recordarle al electorado que existe un «extremo» amenazante enfrente reactiva la lealtad de voto incluso cuando el desempeño de gestión es pobre.

Se apoya en una base real de desinformación existente.

El hecho de que existan efectivamente bulos, cuentas coordinadas y teorías de la conspiración en ambos extremos del espectro da cierta credibilidad inicial a la acusación, aunque luego se use de forma indiscriminada para tapar errores propios que nada tienen que ver con ninguna campaña de desinformación.

El ciclo mediático premia la velocidad, no la precisión.

Señalar a un culpable ideológico en las primeras horas de una crisis genera más cobertura inmediata que esperar a una investigación técnica, aunque después haya que desdecirse, como ocurrió con el supuesto sabotaje ferroviario.

El coste para el debate público

El problema de fondo no es que la desinformación y las teorías de la conspiración no existan existen, y se documentan de forma creciente en el entorno de varios partidos, no solo de uno. El problema es que la denuncia legítima de esos fenómenos se ha convertido en una herramienta retórica de uso oportunista, aplicada también a fallos de gestión que no tienen ningún origen ideológico: robos de material, errores de mantenimiento, fallos de coordinación entre administraciones.

Cuando cualquier fallo se explica automáticamente por una conspiración del extremo contrario, dos cosas se pierden a la vez: se diluye la credibilidad de las denuncias reales de desinformación (porque el término se banaliza por sobreuso) y desaparece el incentivo para que los responsables políticos rindan cuentas por su propia gestión. El resultado es un debate público cada vez más centrado en quién es «el otro extremo» y cada vez menos en si los trenes llegan a su hora, si las alertas funcionan o si las instituciones cumplen su trabajo.