De la EGB a la LOMLOE: décadas de reformas educativas y una pregunta que PISA vuelve a poner sobre la mesa: ¿por qué seguimos sin resolver lo esencial?
En España, cada reforma educativa llega con una promesa de salvación. El Gobierno que la aprueba anuncia modernización, calidad o igualdad de oportunidades. La oposición denuncia un desastre y prepara su derogación. Los profesores reciben nuevas instrucciones. Las familias intentan comprender qué cambia. Los alumnos continúan creciendo mientras los adultos discuten.
Después llega PISA y el debate vuelve a empezar.
Los resultados de 2025, publicados en septiembre de 2026, han reabierto la preocupación por el retroceso español en lectura, matemáticas y ciencias. La cobertura del informe recoge una caída especialmente acusada en comprensión lectora respecto a 2022. Es una señal seria que merece algo más que una batalla de titulares. El País
Mi crítica parte de ahí: hemos dedicado demasiada energía a discutir quién escribe las reglas y demasiado poca a comprobar qué necesita un alumno para aprender mejor.
La nostalgia tampoco aprueba el examen
La Ley General de Educación de 1970 organizó la EGB, el BUP y una estructura escolar que permanece en la memoria de varias generaciones. Estableció una educación general básica obligatoria y gratuita y planteó ampliar las oportunidades educativas. Fue una transformación relevante, aunque naciera dentro de una dictadura. Ley General de Educación, BOE
Pero convertir aquella escuela en un paraíso perdido es una simplificación.
Recordar que aprendíamos las capitales, hacíamos divisiones a mano o respetábamos al profesor no demuestra que todo el sistema funcionara mejor. Tampoco podemos comparar directamente aquella escuela con PISA: esta evaluación comenzó décadas después.
Podemos reivindicar el valor de la memoria, la práctica y el conocimiento sin idealizar el autoritarismo. Y podemos criticar la educación actual sin utilizar nuestra infancia como si fuera una investigación científica.
La LOGSE: ampliar derechos exigía transformar las aulas
La LOGSE de 1990 extendió la enseñanza básica obligatoria hasta los dieciséis años y reorganizó las etapas educativas. Mantener durante más tiempo a los jóvenes dentro del sistema fue una conquista social. Presentarla como el origen automático de todos nuestros males resulta intelectualmente cómodo y poco riguroso. LOGSE, BOE
Ahora bien, ampliar la escolarización implica asumir una responsabilidad enorme: atender capacidades, dificultades y circunstancias familiares distintas durante más años.
Ahí debe situarse la exigencia política. ¿Se acompañan los derechos reconocidos con apoyos suficientes? ¿Se detecta a tiempo al niño que empieza a quedarse atrás? ¿Dispone el docente de condiciones reales para atenderlo?
La inclusión pierde credibilidad cuando se limita a mantener al alumno sentado en el aula mientras sus dificultades crecen. Una escuela justa debe conseguir que avance.
De la LODE a la LOE: gobernar el sistema no garantiza mejorar el aprendizaje
La LODE de 1985 reguló el derecho a la educación, la participación y el régimen de conciertos. La LOE de 2006 volvió a ordenar el sistema educativo. Conviene recordar esta diferencia: las leyes educativas no han sido todas nuevos planes de estudio ni han cambiado exactamente las mismas cosas. LODE, LOE
Sin embargo, el debate público termina absorbido con facilidad por la estructura del sistema: quién gestiona, quién financia, quién decide y qué espacio ocupa cada red escolar.
Son cuestiones importantes. Pero una familia también necesita saber algo mucho más concreto: qué ocurrirá cuando su hijo llegue a tercero de Primaria sin comprender bien un texto.
Una administración debería poder responder con un procedimiento, profesionales y recursos. Las declaraciones de principios no bastan.
La LOCE y la LOMCE: exigir también obliga a proporcionar medios
La LOCE de 2002 puso el acento en el esfuerzo, la exigencia y la evaluación. La LOMCE de 2013 reforzó el papel de las evaluaciones externas e introdujo cambios en las trayectorias educativas. LOCE, LOMCE
Es razonable exigir. Aprender requiere perseverancia, práctica y capacidad para afrontar dificultades.
Pero quienes defienden la cultura del esfuerzo deben aplicársela también a la Administración. Hay que exigirle que proporcione refuerzo, que forme y acompañe al profesorado y que evalúe sus propias decisiones.
Un examen puede identificar una dificultad. Resolverla requiere enseñanza.
La exigencia resulta poco convincente cuando toda la responsabilidad recae sobre el estudiante y apenas se examinan las condiciones en las que aprende.
La LOMLOE: las buenas intenciones deben demostrar resultados
La LOMLOE de 2020 modificó la LOE, revirtió elementos de la LOMCE y reforzó principios relacionados con la inclusión, la equidad y el aprendizaje competencial. Es legítimo defender esos objetivos. También lo es exigir resultados a quienes los convierten en política educativa. LOMLOE, BOE
La palabra «competencia» no debería provocar una guerra cultural. Aplicar conocimientos es necesario. Precisamente por eso hace falta adquirirlos y consolidarlos.
Para interpretar un gráfico hay que comprender sus magnitudes. Para analizar una noticia hay que entender el texto y disponer de referencias. Para argumentar hay que conocer aquello sobre lo que se habla.
Mi objeción aparece cuando el lenguaje de la innovación ocupa más espacio que la explicación de cómo se aprenderá mejor. Cualquier reforma debe demostrar qué aporta dentro del aula, cuánto trabajo exige y qué resultados obtiene.
Tampoco sería serio atribuirle a una sola ley toda la caída de PISA. Los alumnos evaluados acumulan años de escolarización, experiencias y condiciones sociales. Esa complejidad impide señalar un culpable único; no exonera al Gobierno de evaluar lo que está haciendo.
El profesor en medio de nuestras contradicciones
Pedimos al docente que personalice la enseñanza, motive, evalúe, atienda conflictos, detecte dificultades y mantenga contacto con las familias. Cada objetivo puede ser razonable. Su suma exige tiempo y recursos.
Antes de añadir otra obligación, deberíamos preguntar qué tarea se elimina y qué apoyo se incorpora.
Defender al profesorado significa escuchar su experiencia, proteger el tiempo de enseñanza y ofrecer formación útil. También supone evaluar las prácticas y corregir lo que no funciona.
La confianza profesional y la rendición de cuentas pueden convivir. Lo difícil es enseñar mientras cada cambio político obliga a justificar de nuevo hasta el vocabulario del trabajo.
Las pantallas no pueden convertirse en la excusa universal
El deterioro educativo aparece también en otros países. La OCDE describe un panorama de estancamiento o retroceso en numerosos sistemas. Eso obliga a mirar más allá de nuestras leyes, hacia las transformaciones sociales y los hábitos de aprendizaje. OCDE, PISA 2025
Pero el contexto internacional no sirve de absolución.
La tecnología educativa debe justificar su utilidad. Comprar dispositivos es una decisión sencilla de anunciar; mejorar la comprensión lectora exige continuidad y seguimiento.
Con la inteligencia artificial, la pregunta es todavía más urgente: ¿está ayudando al alumno a comprender o está haciendo por él el trabajo que necesita practicar?
Esa diferencia debería orientar las decisiones.
Cómo hemos llegado hasta aquí
A mi juicio, el problema español está en la distancia persistente entre las promesas y su ejecución: entre reconocer dificultades y atenderlas pronto; entre aprobar reformas y evaluar sus efectos; entre exigir resultados y proporcionar condiciones para conseguirlos.
Las responsabilidades corresponden al Gobierno central, a las comunidades autónomas y a quienes han dirigido estas políticas durante décadas, según sus competencias y decisiones. Repartir responsabilidades no significa diluirlas: significa concretarlas.
Necesitamos estabilidad en los objetivos básicos, intervención temprana, refuerzo evaluable, apoyo al profesorado y transparencia sobre qué programas funcionan. Cada medida debería tener financiación, responsables y plazos de revisión.
PISA no mide toda la educación, pero aporta una advertencia que sería irresponsable despreciar cuando incomoda.
Un país puede pasar años discutiendo cómo llamar a sus asignaturas mientras un alumno sigue sin comprender el enunciado de un problema.
Ese alumno no necesita otra victoria parlamentaria presentada como una revolución pedagógica. Necesita que alguien detecte su dificultad, tenga tiempo para enseñarle y compruebe que ha aprendido.
¿Cuántas reformas más estamos dispuestos a celebrar antes de exigir que esa promesa se cumpla?
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