La selección interna de dirigentes, la prioridad de conservar el poder y el miedo al adversario influyen en cómo se gobierna. Pero también lo hace la disposición ciudadana a exigir responsabilidades incluso a quienes apoya.
Por Vidal Gamonales
11 de octubre de 2026
Una decisión política discutible suele activar dos juicios distintos: si la toma nuestro partido, buscamos atenuantes; si la toma el contrario, encontramos principios irrenunciables. El hecho permanece, pero cambia nuestra disposición a evaluarlo.
Ese mecanismo permite plantear, con cautela, una pregunta inspirada en Dietrich Bonhoeffer: ¿qué relación existe entre la autonomía ciudadana y la calidad del poder? La respuesta no consiste en atribuir la situación a la incapacidad personal de los dirigentes ni en diagnosticar a todo un electorado. Consiste en examinar los incentivos que organizan la competencia política y la lealtad con que los ciudadanos responden a ella.
La tesis de este artículo es doble. Primero, los partidos pueden seleccionar y premiar habilidades útiles para conquistar y conservar posiciones —disciplina, control organizativo, capacidad de alianza o eficacia comunicativa— sin valorar con igual intensidad las necesarias para gobernar bien: competencia administrativa, deliberación, transparencia y capacidad de rectificación. Segundo, la lealtad ciudadana puede reforzar esa desviación cuando convierte la crítica al propio partido en una amenaza y la derrota del adversario en una razón para disculpar sus errores. Así, los incentivos partidistas influyen en la calidad de los dirigentes, y la indulgencia de los seguidores modifica el coste político de gobernar mal.
Esta tesis no absuelve a los gobernantes ni reduce el voto a propaganda o miedo. Las personas pueden apoyar políticas concretas por razones legítimas y razonadas. Pero la calidad del gobierno depende también de que existan controles internos y externos capaces de premiar la competencia, castigar el fracaso y preservar la posibilidad de decepcionarse con los propios.
Una advertencia histórica que exige precisión
En «Sobre la estupidez», incluido en Después de diez años, escrito entre 1942 y 1943, Bonhoeffer vinculó la pérdida de independencia interior con la influencia del poder. Su preocupación no era medir inteligencia: señalaba cómo personas capaces podían quedar dominadas por consignas, resistirse a hechos incómodos y convertirse en instrumentos de otros. Su reflexión tenía una raíz cristiana: recuperar la responsabilidad ante Dios. También rechazaba considerar estúpida a la mayoría en cualquier circunstancia. [1]
Trasladar esa advertencia a nuestra democracia exige reconocer la distancia histórica. España no es la Alemania nazi; equipararlas trivializaría aquella experiencia y deformaría nuestro presente. Tampoco estamos ante una teoría experimental que permita diagnosticar a un electorado.
La comparación pertinente se limita a una pregunta sobre la autonomía: ¿conservamos capacidad para juzgar a quienes sentimos próximos? Las páginas siguientes son una aplicación contemporánea propia, no afirmaciones de Bonhoeffer sobre España ni una explicación completa de su pensamiento.
Qué entendemos por clase gobernante
Conviene delimitar el objeto. El Gobierno central concentra una responsabilidad específica por sus decisiones. Pero la dirección política del país incluye también gobiernos autonómicos, ayuntamientos y organizaciones que seleccionan representantes. La oposición influye en las alternativas disponibles, aunque no responda por los actos del Ejecutivo.
El punto de partida institucional del actual ciclo fue la investidura de Pedro Sánchez, el 16 de noviembre de 2023, con 179 votos a favor y 171 en contra. La mayoría parlamentaria explica su acceso a la presidencia; describirlo como una anomalía por no encabezar la candidatura más votada confunde la lógica de un sistema parlamentario. [2]
El contexto ha cambiado: el 5 de octubre de 2026 Sánchez anunció elecciones para el 29 de noviembre, convocatoria recogida en el correspondiente real decreto. El análisis se escribe, por tanto, ante una nueva cita electoral. [3]
Esa circunstancia invita a separar dos preguntas. Una es quién puede reunir una mayoría. Otra, qué calidad tiene su ejercicio del poder. Obtener legitimidad democrática no garantiza acertar, cumplir cada promesa o gestionar con integridad. Perder una elección tampoco convierte automáticamente en virtuosa a una oposición.
La fiscalización debe seguir las responsabilidades efectivas. A quien gobierna le corresponde explicar lo que ha hecho; a quien aspira a sustituirlo, demostrar qué haría y cómo.
1. Llegar arriba y gobernar bien son capacidades diferentes
Un dirigente puede ser muy competente para construir alianzas, controlar una organización y dominar una entrevista, y tener dificultades para ejecutar políticas complejas. También puede ocurrir lo contrario: una persona excelente gestionando servicios puede desenvolverse mal en la competencia interna de un partido.
Esta distinción es central para la tesis. Si los partidos premian sobre todo la capacidad de ascenso, la calidad del gobierno puede quedar subordinada a la supervivencia organizativa. Mantener unido un grupo, evitar una crisis interna o desplazar una polémica pueden pesar más que resolver un problema a largo plazo.
No sabemos qué intención privada mueve cada decisión. Pero podemos evaluar la correspondencia entre objetivos declarados, recursos y resultados. Si se anuncia una mejora, deben existir plazos, responsables e indicadores que permitan comprobarla.
La hipótesis relevante es que una organización puede premiar habilidades útiles para conquistar posiciones sin seleccionar con igual intensidad las necesarias para administrarlas. No implica que todos sus integrantes carezcan de mérito. Señala una posible desconexión entre ascenso político y desempeño público.
Para corregirla, la experiencia profesional importa, pero no basta. Gobernar exige negociar intereses legítimos, comprender procedimientos y asumir decisiones distributivas. Lo decisivo es que la trayectoria y las capacidades puedan examinarse y que el fracaso tenga consecuencias verificables.
2. La lealtad puede convertirse en un criterio de selección
El sistema de elección al Congreso utiliza listas cerradas y bloqueadas: el elector escoge una candidatura sin alterar su orden ni seleccionar individualmente a sus integrantes. Es una característica del procedimiento, no una prueba de corrupción ni una explicación suficiente de la calidad democrática. [4]
Su relevancia aparece al preguntarnos quién decide el acceso a esas listas. Cuando la continuidad de una carrera depende mucho de las instancias internas que confeccionan candidaturas, cabe esperar que sus preferencias influyan en la conducta de los aspirantes. Es una inferencia sobre incentivos, no una acusación contra cada diputado.
La disciplina tiene funciones legítimas: permite sostener compromisos y ofrecer programas reconocibles. El problema surge cuando se confunde coordinación con obediencia absoluta y cualquier discrepancia se interpreta como deslealtad personal.
Imaginemos una organización donde quien advierte de un error pierde oportunidades y quien lo disimula asciende. Con el tiempo, la dirección recibirá menos objeciones aunque aumenten los problemas. No necesitará ordenar que todos mientan: bastará con hacer costosa la franqueza.
Por eso importa la democracia interna real: procedimientos claros, deliberación y posibilidad de corregir al liderazgo. Cambiar una regla electoral por sí solo no elimina el problema; también deben cambiar las prácticas mediante las que se distribuyen voz, recursos y oportunidades.
3. Conservar el poder puede desplazar la finalidad de gobernar
Todo gobierno necesita continuidad para ejecutar su programa. Sería ingenuo exigirle indiferencia ante su supervivencia. La dificultad aparece cuando permanecer deja de ser un medio y se convierte en el criterio principal para valorar cualquier decisión.
Entonces, una rectificación se comunica como si nunca hubiera existido contradicción. Un compromiso antes rechazado se presenta como inevitable. Una pregunta sobre resultados recibe una respuesta sobre las intenciones del adversario.
Negociar o cambiar de posición no constituye por sí mismo una falta ética. Las circunstancias cambian y las mayorías requieren acuerdos. Lo exigible es una explicación que identifique qué ha variado, qué se cede y qué interés público justifica la decisión.
Aplicado al Gobierno de Sánchez, el examen debe dirigirse a sus compromisos y actuaciones concretas, no a una supuesta personalidad colectiva de sus votantes. La misma prueba corresponde a los ejecutivos del PP y de otras formaciones en los ámbitos donde gobiernan.
Un criterio ayuda a distinguir adaptación de oportunismo: ¿aceptaría el dirigente la regla que está defendiendo si mañana beneficiara a su adversario? La respuesta no resuelve todos los casos, pero revela cuándo un principio parece diseñado exclusivamente para una conveniencia inmediata.
4. Una mayoría de investidura no garantiza una mayoría para todo
La fragmentación parlamentaria obliga a negociar entre proyectos distintos. Esos acuerdos pueden mejorar una propuesta al incorporar intereses desatendidos. También pueden generar incertidumbre o compromisos difíciles de conciliar.
De ahí no se sigue que pactar sea ilegítimo. Una democracia plural necesita acuerdos. La cuestión es si conocemos su contenido, sus costes y su relación con los compromisos presentados a los electores.
En una negociación, un actor pequeño puede tener una influencia considerable si su apoyo resulta decisivo. Esa posición no demuestra abuso: describe una capacidad que debe someterse a escrutinio, igual que la de cualquier mayoría amplia.
Para comprender la conducta de un Ejecutivo sostenido por apoyos diversos conviene distinguir preferencia y restricción. No toda medida refleja exactamente lo que su presidente habría elegido en solitario. Pero reconocer esa limitación tampoco autoriza a atribuir todos los fallos a los socios y todos los aciertos al liderazgo.
La responsabilidad política exige explicar la decisión finalmente asumida. Si un acuerdo es defendible, debe poder presentarse con claridad. Si se considera imprescindible para gobernar, corresponde justificar por qué su beneficio supera sus costes. La aritmética explica la necesidad de negociar; no sustituye la evaluación del resultado.
5. El miedo al adversario reduce la exigencia propia
Una de las justificaciones más eficaces de la indulgencia política cabe en pocas palabras: «Los otros serían peores». Puede expresar una valoración razonada de alternativas. Pero también puede terminar concediendo una inmunidad moral a la opción preferida.
El problema empieza cuando cualquier exigencia se suspende para evitar una derrota electoral. Pedir explicaciones se convierte en hacer el juego al rival; reconocer un fallo, en debilitar una causa superior.
Ese razonamiento puede adoptar distintos lenguajes. Un elector progresista puede disculpar actuaciones que contradicen sus principios para impedir un gobierno conservador. Un elector conservador puede tolerar abusos con el argumento de frenar a la izquierda. Son posibilidades analíticas, no una demostración de equivalencia entre partidos.
La cuestión no es abandonar las preferencias. Es mantener condiciones dentro de ellas. Se puede apoyar un programa y rechazar un nombramiento; preferir una coalición y exigir que rectifique; votar a un partido y pedir responsabilidades a sus dirigentes.
Cuando desaparecen esos límites, quien gobierna aprende que el coste de decepcionar a sus seguidores puede ser menor que el de admitir una equivocación. La lealtad incondicional deja de ser únicamente una actitud privada: modifica las consecuencias políticas que afronta el poder.
6. Los datos describen tensión, pero no autorizan caricaturas
La V Encuesta Nacional de Polarización Política del CEMOP ofrece un contraste útil. En 2025, el 70,1 % de los entrevistados percibía más crispación que un año antes. Sin embargo, el indicador agregado de polarización afectiva descendía de 5,20 a 4,94, reducción que el informe vincula a una menor adhesión al partido propio. [5]
Ambos resultados pueden coexistir. Sentir más conflicto no significa que todas las medidas de polarización evolucionen igual. Tampoco permiten atribuir una causa única al comportamiento electoral ni diagnosticar una pérdida generalizada de inteligencia.
La lección metodológica importa para este mismo artículo: si queremos denunciar el pensamiento subordinado, debemos aceptar los datos que dificultan nuestra tesis. Seleccionar únicamente la cifra más alarmante reproduciría el defecto que estamos cuestionando.
Además, la sociedad no se reduce a sus voces más estridentes. Hay votantes ambivalentes, personas que cambian de preferencia y ciudadanos que combinan posiciones difíciles de encajar en una sola etiqueta.
Comprender la clase gobernante exige estudiar cómo representa esa diversidad y cuándo la simplifica. Presentar a millones de personas como bloques homogéneos facilita la movilización, pero empobrece la explicación. La política democrática debe organizar diferencias sin convertirlas automáticamente en enemistades personales.
7. El relato puede convertirse en un sustituto del resultado
Comunicar es parte de gobernar. Una medida mal explicada puede fracasar aunque esté bien diseñada. Pero el relato debe permitir comprender una actuación, no ocupar permanentemente el lugar de su evaluación.
Pensemos en un anuncio sobre vivienda, transporte o atención sanitaria. La pregunta pertinente es qué cambia para sus destinatarios: cuántas personas se benefician, en qué plazo, con qué recursos y a costa de qué otras prioridades.
Si esas preguntas se responden solo con declaraciones de compromiso, falta información esencial. Si toda crítica se atribuye a mala intención, desaparece la posibilidad de aprender del error.
El riesgo no requiere una conspiración coordinada. Puede surgir de decisiones sucesivas en las que resulta más cómodo mostrar actividad que reconocer límites. Una comparecencia produce una imagen inmediata; la mejora de un servicio exige continuidad y comprobación.
También la oposición puede refugiarse en ese desequilibrio: resulta más sencillo denunciar un fracaso que presentar una alternativa presupuestada. Por eso, la exigencia debería acompañar a ambos lados de la competencia, con obligaciones distintas según su capacidad efectiva de decidir.
El ciudadano necesita poder distinguir entre anuncio, aprobación, ejecución y resultado. Confundir esas etapas convierte la comunicación institucional en una sucesión de promesas que parecen cumplidas desde el momento de formularse.
8. La información que elegimos también nos gobierna
El CEMOP identifica afinidad entre la orientación de los lectores y la de sus periódicos de referencia. A la vez, un 58,4 % de los entrevistados declara adoptar medidas de vigilancia y verificación informativa. Hay selección ideológica, pero también voluntad de comprobar. [5]
La cuestión personal es qué hacemos cuando ambas tendencias entran en conflicto. ¿Revisamos una noticia favorable a nuestras creencias con el mismo cuidado que una que las contradice?
No necesitamos consumir todos los medios ni conceder idéntica credibilidad a cualquier versión. Necesitamos criterios relativamente estables: acceso a documentos, identificación de fuentes, correcciones visibles y distinción entre información y opinión.
La responsabilidad aumenta cuando compartimos contenido. Un vídeo recortado puede mostrar un momento real y ofrecer una impresión engañosa. Un titular puede ser exacto y omitir un contexto decisivo. Confirmar que algo existe no siempre basta para comprenderlo.
La autonomía también exige tolerar la incertidumbre. «Todavía no lo sé» puede ser una respuesta más responsable que adoptar inmediatamente la interpretación del propio grupo. Si cada acontecimiento exige una reacción instantánea, dejamos menos espacio para que los hechos modifiquen nuestra primera impresión.
9. Entender la corrupción exige preservar las distinciones
La crítica a la clase gobernante pierde fuerza cuando mezcla sospechas, investigaciones y hechos probados. Este artículo no atribuye delitos a personas concretas: examina cómo debería responder una organización ante indicios de conducta irregular.
La presunción de inocencia debe respetarse. Al mismo tiempo, una pregunta sobre contratación, nombramientos o supervisión no queda contestada simplemente porque no exista una condena. Son planos distintos y deben tratarse con garantías y proporcionalidad.
Una organización responsable debería facilitar documentación, permitir controles y explicar qué mecanismos evitarán la repetición de fallos acreditados. La reacción defensiva automática transforma cualquier examen en una batalla sobre identidades.
También es insuficiente responder «todos lo hacen». Aunque existieran conductas comparables, habría que investigarlas por separado. La generalización puede convertirse en una excusa para que nadie responda por nada.
La misma prudencia debe aplicarse al denunciante y al acusado. Ni una acusación se vuelve verdadera por resultar políticamente útil ni pierde relevancia porque perjudique a una opción preferida. La integridad empieza por aceptar procedimientos cuyo resultado no controlamos.
10. La responsabilidad ciudadana no absuelve a los dirigentes
Decir que «tenemos los políticos que merecemos» resulta cómodo y profundamente insuficiente. Reparte una culpa uniforme entre personas con recursos, información y capacidad de influencia muy desiguales.
Un ciudadano puede elegir entre alternativas limitadas, votar por prioridades materiales legítimas o carecer de tiempo para seguir cada controversia. Nada de eso permite describirlo como incapaz de pensar. Tampoco puede exigírsele la dedicación de quien cobra por administrar asuntos públicos.
La responsabilidad de un gobernante es mayor porque dispone de atribuciones y medios específicos. Debe rendir cuentas incluso cuando la opinión pública no reclame hacerlo con suficiente intensidad.
Ahora bien, los ciudadanos sí podemos reforzar o debilitar ciertas prácticas. Premiamos algo cuando lo celebramos, lo difundimos o lo disculpamos sistemáticamente. La indignación selectiva comunica que existen errores tolerables siempre que lleven el emblema adecuado.
La salida requiere combinar exigencia institucional y hábitos personales. Ninguna mejora depende exclusivamente de la virtud individual, pero ninguna arquitectura de control funciona igual cuando la ciudadanía acepta que su propio grupo quede fuera de ella.
Las convicciones y los intereses también explican el apoyo
Existe otra explicación que una crítica honesta debe incorporar: las personas pueden respaldar a un gobierno porque valoran sus políticas, no porque estén atrapadas en una identidad. Sus prioridades pueden ser distintas de las nuestras y seguir siendo razonables.
Un trabajador puede conceder más importancia a las condiciones laborales; un empresario, a la estabilidad regulatoria; una persona dependiente, a los servicios que necesita. También pueden discrepar sobre qué instrumentos producen mejores resultados. Esa diferencia merece discusión, no un diagnóstico de subordinación intelectual.
Para entender los apoyos al Gobierno actual habría que contrastar esas preferencias con la valoración de su gestión, las alternativas percibidas y las expectativas de futuro. Sin ese análisis, reducir el voto a propaganda o miedo sería sustituir una explicación compleja por una descalificación.
Lo mismo sucede con quienes quieren cambiar de gobierno: pueden responder a experiencias concretas de deterioro, a desacuerdos legítimos o a prioridades desatendidas. La crítica conserva su rigor cuando reconoce estas posibilidades.
La prueba de autonomía no es votar como el autor de este artículo. Es poder explicar la propia preferencia, reconocer sus costes y especificar qué hechos justificarían revisarla. Ese estándar también debe exigirse a quien escribe sobre los demás.
Recuperar el derecho a decepcionarnos
La calidad del gobierno no depende solo de quién gana las elecciones. Depende del circuito que conecta la selección partidista, la acción institucional y la respuesta ciudadana: las organizaciones eligen dirigentes; los dirigentes compiten por apoyos; la comunicación presenta sus decisiones; los ciudadanos premian o castigan; esa respuesta influye en la siguiente selección.
Cuando los partidos premian más la lealtad que la competencia, se debilita la deliberación interna. Cuando los ciudadanos disculpan sistemáticamente a los propios por miedo al adversario, disminuye el coste electoral del fracaso. Ambos mecanismos se refuerzan: una organización menos exigente produce dirigentes menos expuestos a la crítica, y una ciudadanía menos exigente permite que esa selección se mantenga.
Este esquema es una interpretación, no una ley universal. Incluye espacio para la vocación pública, el mérito y la rectificación. Precisamente por eso importa modificar los incentivos que penalizan esas cualidades.
Las mejoras deberían ser concretas: explicar los criterios de nombramiento, publicar compromisos evaluables, facilitar controles independientes, hacer visibles las correcciones y permitir deliberación interna sin represalias. Cada propuesta necesitará diseño y evaluación; ninguna constituye una solución mágica.
Ante las próximas elecciones, la exigencia puede empezar con preguntas sencillas: qué se prometió, qué se ejecutó, qué efectos tuvo y qué alternativa se ofrece. Juzgar con esos criterios puede producir conclusiones diferentes sobre partidos distintos. Aplicar una vara común no obliga a repartir responsabilidades por igual.
La aportación que propongo extraer de Bonhoeffer es una disciplina de independencia: conservar la posibilidad de decepcionarnos con quienes apoyamos. Un voto expresa una preferencia; no entrega a sus destinatarios nuestra conciencia ni nuestra capacidad de juicio.
La clase gobernante encuentra menos límites cuando consigue que cualquier crítica parezca una traición. Empieza a responder de otra manera cuando sabe que incluso sus partidarios quieren respuestas. La pregunta decisiva es qué poder estamos dispuestos a controlar también cuando lo ejercen los nuestros.
Fuentes y criterio editorial
Este es un ensayo de análisis y opinión. Las explicaciones sobre incentivos son hipótesis interpretativas; las encuestas citadas no prueban por sí mismas sus relaciones causales. Contexto verificado a 11 de octubre de 2026. Los datos de polarización corresponden a 2025 y no se presentan como mediciones de 2026.
- Bonhoeffer-Niemöller-Stiftung. «Von der Dummheit», texto original de Nach zehn Jahren, 1942-1943, DBW 8, pp. 26 y siguientes. Se resume su argumento sin atribuirle frases contemporáneas inventadas.
- Congreso de los Diputados. «Pedro Sánchez, investido presidente del Gobierno por mayoría absoluta del Congreso», 16 de noviembre de 2023.
- La Moncloa y BOE. Anuncio de convocatoria electoral, 5 de octubre de 2026 y Real Decreto 806/2026, de 5 de octubre.
- Ministerio del Interior, Infoelectoral. «Congreso», explicación del sistema de listas cerradas y bloqueadas.
- CEMOP, Universidad de Murcia. V Encuesta Nacional de Polarización Política, 2025, conclusiones sobre percepción de crispación, polarización afectiva, afinidad informativa y verificación.
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